Llaman empresarios de Los Cabos a diputados locales a cumplir y hacer cumplir la ley

Llaman empresarios de Los Cabos a diputados locales a cumplir y hacer cumplir la ley

Los Cabos.-Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Los Cabos, llamaron a los integrantes del Poder Legislativo en Baja California Sur a honrar el juramento que hicieron de cumplir y hacer cumplir la ley al tomar protesta como legisladores sudcalifornianos.

A través de un desplegado pidieron a los diputados respeten y acaten, como lo hacen todos los ciudadanos, los acuerdos y disposiciones emanados del Poder Judicial, para que de esta manera se puedan retomar en lo inmediato los trabajos legislativos tan importantes para la vida pública de los cabeños y sudcalifornianos.

Externaron que en estos momentos en que sociedad civil organizada y gobierno van de la mano para enfrentar dos de las más grandes pruebas que se han enfrentado como sudcalifornianos: la crisis por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica derivada de la misma, “no podemos detenernos por conflictos políticos”.

Argumentaron que como sociedad civil organizada e iniciativa privada están convencidos que sólo con el Estado de Derecho se puede dar una verdadera convivencia social ordenada, democrática y sobre todo en la legalidad para el desarrollo económico y social de Los Cabos y Baja California Sur.

El mismo Estado de Derecho en México es claro al señalar el respeto que debe haber entre los Poderes que conforman el Estado; el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y la relación entre los mismos, estableciendo como máximo órgano para resolver las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo al Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Comentan que a través de los medios de comunicación local y estatal han conocido del conflicto que se vive al interior del Congreso del Estado de Baja California Sur que hoy por hoy pone en riesgo la vida pública y política del Estado.

Apuntaron: “conocemos de las controversias constitucionales y suspensiones provisionales que ha acordado el Poder Judicial, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Ejecutivo del Estado y de un grupo de diputados de minoría en el Congreso”.

Establecieron tener conocimiento también que las disposiciones expresadas por el Poder Judicial no habrían sido acatadas en más de una ocasión por la mayoría en el Poder Legislativo, lo que les parece grave al atentar contra el propio Estado de Derecho y por ende a la vida pública, institucional y política en el Estado.

La pretendida destitución de legisladores de oposición, supone también un atentado a la democracia en el Estado y las decisiones expresadas por los sudcalifornianos en las urnas en el próximo pasado proceso electoral del 2018, dijeron.

Citaron estar conscientes también que este conflicto de carácter político e institucional que priva en el Congreso del Estado, no sólo afecta el propio trabajo legislativo en cuanto a la reforma o propuesta de nuevas leyes, si no a otras atribuciones del Poder Legislativo, como la aprobación de obras en financiamiento que presenta el Poder Ejecutivo en su nivel estatal o municipal.

Precisaron que en este supuesto se encuentra el proyecto de la desaladora de Cabo San Lucas, que como Consejo Coordinador de Los Cabos desde hace varios años han acompañado y promovido en conjunto con los gobiernos estatal y municipal, toda vez que este importante proyecto de carácter social forma parte de los compromisos 10 de 10 que firmaron tanto el gobernador, Carlos Mendoza Davis, como la alcaldesa, Armida Castro Guzmán, como candidatos ante ese Consejo, a quienes les reconocieron su disposición y gestoría para que el gobierno federal haya ya etiquetado recursos por más de mil millones de pesos para su construcción.

Abundaron que el conflicto al interior del Congreso del Estado ante los procesos judiciales que se siguen por las actuaciones de los legisladores ponen en riesgo de retraso esa obra que será vital para el desarrollo social de Los Cabos al resolver una de las problemáticas más sentidas de todos los que viven en ese destino, es acceso al agua.

No puede ni debe un conflicto de naturaleza política estar por encima del desarrollo social de las familias de Los Cabos y su derecho de acceso al vital líquido.

Por último, llamaron a la conciencia y responsabilidad de nuestros legisladores. “Los Cabos y Baja California Sur nos necesita a todos atendiendo la crisis sanitaria y económica, no podemos arrastrar también una crisis política”.

Firman el documento: el presidente ejecutivo del CCE de Los Cabos, Julio Castillo Gómez; el consejero presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Pérez Salicrup; el presidente ejecutivo de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, Francisco Javier Olivares Vázquez; presidente de la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos, Gonzalo Franyutti de la Parra; el presidente de la Canaco Los Cabos, José Ignacio Labandeira Villanueva; presidente de Canirac Los Cabos, Roberto Jiménez Moreno; presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, Francisco Javier Campas Duarte y el presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, Alberto Medina Chavarin.