Un funcionario estatal suspendido, uno destituido y uno inhabilitado por faltas graves: Contraloría
La Paz.-Diputados cuestionaron la participación ciudadana en el seguimiento al gasto público y obras que realiza el gobierno estatal, así como la vigilancia y observación que realiza la Contraloría General estatal, lo anterior en el marco de la comparecencia de la contralora general, Sonia Murillo Manríquez.
En sesión extraordinaria se desarrolló la comparecencia de la titular de la Contraloría, dependencia encarga de la revisión de obras y acciones ejecutadas con recursos estatales, quien expuso que con la actual Ley de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría General impuso tres sanciones administrativas por faltas no graves y ejecutó tres sanciones por faltas administrativas graves imputadas a un servidor público, impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que consistieron en una suspensión, una destitución y una inhabilitación.
En recepción de denuncias, recibió un total de 844, que representan un 57% más con relación al período anterior, de las cuales 33% provienen de Auditoria Superior de la Federación (ASF) y 14 de la Secretaria de la Función Pública (SFP), 13%, corresponden a denuncias ciudadanas y el 8% restante se relaciona con la aplicación extemporánea del examen toxicológico con las cuales colabora interinstitucionalmente la dependencia estatal. Mientras que en procedimientos de investigación se incrementaron en un 58%, de 315 se elevaron a 543 en el periodo.
A pregunta de varias diputadas, la funcionaria expuso que se deben a situaciones de control interno, porque no se presentaron informes o transferencias, por no recibir en tiempo.
A pregunta de la diputada Rosalba Rodríguez sobre vigilancia a las licitaciones, la titular de la Contraloría informó que la dependencia interviene en el 70% de la asignación de las obras públicas, dando cuenta del desarrollo de las mismas.
Reportó que en el cuarto año de la Administración, la dependencia observó 337 de los 570 procedimientos de contratación, en los 337 de gobierno estatal y Ayuntamientos fueron asignados recursos públicos por la cantidad de mil 649 millones 185 mil pesos.
Fue cuestionada también sobre el presupuesto asignado a la Casa del Estudiante en la Ciudad de México, sobre el Fondo Minero y Comités de Contraloría Social, entre otros.
Respecto a las Contralorías Sociales informó que se crearon 413 Comités con la Participación de 1,535 ciudadanos para obras, acciones y servicios de 22 programas sociales ejercidas con 88 millones de pesos.