Presentarán a la Federación una contrapropuesta en materia de salud: Víctor George
La Paz.-El gobierno de Baja California Sur junto con otras entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN), elaboran una contrapropuesta a las dos que les presentó la Federación a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para atender de la mejor manera la salud de la población.
Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud (SSA), Víctor George Flores, quien comentó que a ellos se les dijo que había dos opciones: una era adherirse al esquema que se les estaba presentando y la otra era no hacerlo.
Sin embargo, aseguró que ninguna de las dos propuestas asegura ingresos frescos, incluso ni siquiera dar el servicio mínimo de atención que se ofrece en estos momentos, motivo por el cual se optó por hacer una nueva propuesta.
Apuntó que incluso los equipos de salud de los gobiernos estatales trabajan en el documento que en breve presentarán los Gobernadores.
Aceptó que en el país hace falta una reforma en materia de salud, pero lo planteado es sólo una buena intención, a la que le hace falta claridad en la forma y el fondo, así como una mayor asignación presupuestal, para que el acceso a la salud sea realmente equitativo y lograr la universalidad.
Estableció que mientras en el Seguro Popular cada persona inscrita contaba con un monto de 1,168 pesos, en el IMSS es de 3,510 pesos, el Issste de 3,973 pesos, Sedena de 10,671 pesos y PEMEX hasta 14 mil pesos. “De esa diferencia en la asignación de recursos, depende el catalogo o qué tanto abarca la prestación médica”.
Refirió que no hay claridad en relación a cuánto se les dará de recursos y cómo llegarán, porque en relación a este último aspecto antes había una asignación por cada inscrito al Seguro Popular, pero en esta no trae esas reglas, incluso se desconoce cuánto se les otorgaría en caso de atender a pacientes de otros Estados.
George Flores, indicó que otra situación que les inquieta es que se entrega la administración de todo el personal al Insabi, pero la responsabilidad la seguirá teniendo los Estado; es decir, si algún trabajador llegara a demandar, cada gobierno estatal asumiría esa responsabilidad, “lo cual es ilógico”.