Pide freno CCE a construcciones en La Paz se haga conforme a derecho
Agosto 06 2026
La Paz, BCS.-El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de La Paz, demandó que el freno a la construcción de nuevos edificios en La Paz, anunciado por el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, debe darse con pleno apego al Estado de Derecho, privilegiando la certeza jurídica y el respeto a los derechos adquiridos, a fin de garantizar la confianza en la inversión.
Luego de manifestar que comparten la necesidad de un crecimiento urbano ordenado, sostenible y responsable, y garantizar la disponibilidad de servicios públicos suficientes como agua, drenaje, movilidad y suministro eléctrico, precisó a través de un comunicado, que no es factible la suspensión de construcciones basada solo en una decisión administrativa o política.
Agrega que proceder de esa manera, “podría vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, la libertad de comercio y la libertad de empresa#.
El CCE que preside Víctor Manuel López López, apunta que cualquier restricción de esta naturaleza deberá instrumentarse mediante los procedimientos previstos en la legislación aplicable, respetando el debido proceso y los derechos previamente adquiridos por los particulares.
Además, advierte que la suspensión de proyectos que ya cuenten con permisos vigentes y hayan cumplido con la normatividad, podría generar responsabilidades legales para la autoridad, incluyendo juicios de amparo, procedimientos contencioso-administrativos e incluso reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado.
Incluso menciona que cualquier modificación al marco regulatorio en la materia, debe sustentarse en estudios técnicos, científicos y evidencia objetiva, procesos transparentes y abiertos, con la participación de todos los involucrados, así como el estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos en la legislación urbana, certeza jurídica para la inversión y desarrollo económico, respeto a los derechos adquiridos, y reglas generales claras de aplicación imparcial.
Se añade que el desarrollo urbano responsable y la inversión privada no son objetivos contrapuestos, y que, por el contrario, ambos deben avanzar de manera coordinada mediante políticas públicas técnicamente sustentadas, legalmente sólidas y construidas mediante el diálogo entre autoridades, sociedad y sector productivo.
Y agrega, “solo bajo estos principios será posible preservar la confianza de los inversionistas, fortalecer la economía local y garantizar un crecimiento ordenado y sostenible para las futuras generaciones”. (Por: Arturo Nieves).