Ex Alcaldesa de Mulegé habría dispuesto de fundo legal de Guerrero Negro
Septiembre 23, 2026
La Paz, BCS.-La ex presidenta municipal de Mulegé, Cecilia “N”, actualmente vinculada a proceso tras denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, habría dispuesto de predios que conformaban el fundo legal de la comunidad de Guerrero Negro en beneficio de ella, sus hijos y su esposo.
De acuerdo a un comunicado emitido por la Fiscalía, algunos de los predios “enajenados ilegalmente” constan de 776 metros cuadrados cada uno, mismos que se adjudicaron uno para la ex Alcaldesa, otro para su hija, uno más para su hijo y un cuarto para su esposo.
Se refiere que de acuerdo al artículo 177 de la Ley Orgánica del Municipio de Mulegé, existe una restricción en la venta de predios o situaciones familiares, si no se cuenta con la aprobación del Cabildo.
En el documento también se menciona un terreno de 240 metros cuadrados en el municipio de Mulegé, en favor del ex síndico municipal, Gibrán Francisco “N”, quien también se encuentra vinculado a proceso.
La Fiscalía Anticorrupción asegura que las irregularidades en este caso fueron detectadas, al advertir “cancelaciones de los títulos de propiedad y de venta los cuales realizaron los hoy imputados para tratar de ocultar la asignación de los títulos de propiedad que habían realizado en el año 2018”.
Los otros tres vinculados a proceso son, el exsecretario general, Luis Alberto “N”; extesorera, Ileana Enriqueta “N” y Olegario “N”, ex Director de Catastro.
El delito del que se les acusa es el de peculado, sobre el cual se continuarán las investigaciones, “en virtud de que existen diversos ex servidores públicos que desempeñaron cargos públicos en el XV Ayuntamiento de Mulegé a quienes se les titularon predios de manera ilegal”.
Asimismo, se dio a conocer que el Juez de Control impuso a las personas vinculadas a proceso las medidas cautelares consistentes en no salir del país sin autorización, no acercarse al domicilio de la parte ofendida, prohibición de convivir, comunicarse o acercarse a determinadas personas, víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
Durante la primera audiencia realizada el pasado lunes 21 de septiembre, el Juez de Control también dio un plazo de seis meses a la Fiscalía para el desarrollo de la investigación. (Por: Arturo Nieves).