Desacatan la ley y trasgreden el Estado de Derecho los diputados que incumplen resolución de la SCNJ

La Paz, BCS.-El gobernador, Carlos Mendoza Davis, hizo un nuevo llamado a los legisladores a que cumplan con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reintegrando en sus funciones a los diputados destituidos porque no hacerlo es un desacato a la ley y se trasgrede el Estado de Derecho, así como sometiendo a discusión y aprobación el proyecto de la nueva desaladora para Los Cabos.

A través de un mensaje difundido por diversos medios digitales, Por eso, también insistió en su llamado a la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán y al representante del gobierno federal en Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, para que sensibilicen del tema a los diputados de su partido y poder resolver el diferendo de la manera en que el Poder Judicial federal lo ha instruido.

En forma textual se da a conocer el mensaje del Ejecutivo estatal:

“Sudcalifornianas, sudcalifornianos.
Les pido unos minutos de su atención.
El tiempo legal para concluir los trámites que hagan posible la construcción de la nueva desaladora de Los Cabos se agota.
Por ello, de nueva cuenta estoy haciendo un llamado respetuoso al Congreso del Estado para que cumpla con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reintegrando en sus funciones a las y los diputados destituidos y sometiendo a discusión y aprobación el proyecto tan necesario para las y los cabeños.
Amigas y amigos.
En los últimos días, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Juzgado Federal de Distrito se pronunciaron sobre el conflicto que vive el Congreso de nuestro Estado.
Sin embargo, las señoras y señores diputados de Morena y del PT, quienes tienen mayoría en el Congreso, se han negado a acatar lo ordenado por el Poder Judicial Federal.
Dicha negativa para cumplir lo ordenado es un franco desacato a la ley y trasgrede el Estado de Derecho.
Resulta por demás inexplicable que quienes tienen el mandato popular de crear y reformar las leyes, hoy se nieguen a hacer valer el Estado de Derecho previsto en el orden constitucional.
Desafortunadamente, los más afectados de este conflicto entre diputados son los ciudadanos, pues como la Suprema Corte de Justicia lo ha determinado, no hay seguridad ni certeza jurídica en los actos que emanan del legislativo estatal.
A continuación, les mostraré los documentos de las resoluciones a las que me he referido para que no haya lugar a dudas. Papelito habla.
Primero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a la controversia constitucional que como titular del Ejecutivo interpuse en relación al conflicto en el Congreso local de Baja California Sur, en resolución de fecha 8 de septiembre, señala textualmente que ante la falta de seguridad y certeza jurídica en relación con la legitimación de los representantes del Poder Legislativo en el Estado de Baja California Sur, ha lugar a conceder la medida cautelar para que se suspendan los efectos y consecuencias de las sesiones del Congreso cuya invalidez se solicitó y que incluye a aquella donde ilegalmente se autorizó el proyecto de financiamiento de la desaladora para el municipio de Los Cabos.
De la misma manera, nuestro máximo Tribunal nacional, con relación a los efectos jurídicos del juicio político que concluyó con la separación de 5 y amonestación de 3 diputadas y diputados de minorías opositoras, expresamente instruyó al Congreso para que suspendiera la ejecución de la resolución emitida y, por ende, reintegre a las y los diputados en sus funciones.
Segundo. El Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur, con fecha 17 de septiembre, determinó que el Congreso del Estado, en un plazo máximo de 24 horas, debía realizar las gestiones necesarias para que se revocara la resolución emitida en el juicio político que concluyó con la separación de 5 y amonestación de 3, diputadas y diputados de minorías opositoras, y se dejara dicho procedimiento hasta el estado que guardaba antes de resolverse el mismo, absteniéndose de emitir resolución. Con esta resolución, es claro que las y los diputados sancionados y expulsados indebidamente también debieron de haber sido reintegrados a sus funciones.
La Corte ha suspendido ya en dos ocasiones los efectos y consecuencias de las sesiones a partir del 17 de marzo cuando se originó el problema en el Congreso.
Esto quiere decir que todo, absolutamente todo lo aprobado a partir de esa sesión carece de validez legal, lo que incluye, repito, la aprobación del proyecto y financiamiento para la nueva desaladora de Los Cabos.
Se trata de medidas cautelares que ha dispuesto el Poder Judicial federal y que deben, deben ser cumplidas, acatadas.
Y por eso quise mostrarles los documentos. Que los conozcan. Que no les engañen quienes tienen la obligación de representarles y cuidar sus intereses. Lo que es claro no da lugar a la interpretación, menos cuando se trata de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de la legalidad y la división de poderes en nuestro país.
No se trata solo de un tema que interese al Congreso y el Ejecutivo. Se trata de un tema que afecta la gobernabilidad e impide que resolvamos los problemas de la gente a la que tenemos obligación de servir, que saciemos la sed de las y los cabeños. Por ello, los documentos íntegros, los publicaré en mis redes sociales para que quien así lo desee pueda consultarlos.
Es necesario y urgente que el Congreso del Estado, con la integración de las y los diputados determinada por la Corte, sometan a consideración del pleno de nueva cuenta el proyecto de la desaladora, fundamentándolo en la Ley Reglamentaria del Congreso, que es la ley vigente, pues de lo contrario, sería nula dicha aprobación.
Y además hay que señalar que no cuentan con mucho tiempo para hacerlo. La autoridad hacendaria, de manera expresa y por conducto del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), ha señalado el 30 de septiembre como el plazo máximo para que el Organismo Operador Municipal de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, inicie el procedimiento de licitación del proyecto correspondiente a la planta desaladora en Cabo San Lucas.
Y para que eso suceda, la aprobación del Congreso es requisito indispensable.
Gobierno federal, municipal y estatal hemos trabajado muchos meses en este proyecto que públicamente y de manera repetida he solicitado al señor Presidente de la República desde su primer viaje a Baja California Sur, incluso, aún como Presidente electo. Afortunadamente, el señor Presidente ha sido sensible al llamado y se comprometió a ayudarnos.
Para los servidores públicos, cuando de servir a la gente se trata, el éxito debemos medirlo por los resultados que se obtienen, no por buenas intenciones. En este caso, la única manera de obtener el éxito es materializando el proyecto, construyendo la desaladora, mitigando la sed de las y los cabeños.
Por eso, hoy hago un llamado de nuevo a la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán y al representante del gobierno federal en Baja California Sur, Profesor Víctor Manuel Castro Cosío, para que sensibilicen del tema a las y los diputados de su partido y podamos resolver el diferendo de la manera en que el Poder Judicial federal lo ha instruido.
Los llamo a la reflexión. A que, como yo, no se sientan conformes con haber realizado la parte que les tocaba y dejemos que el asunto se muera en el Congreso. Si no hay desaladora, no habrá resultados, no habrá éxito y de nada habrá servido el esfuerzo conjunto realizado. Digámoslo como es: será un fracaso. Será fallarle a las y los cabeños.
Por ello, como Gobernador del Estado también reitero el llamado respetuoso y enfático a las señoras y señores diputados de morena y PT a cumplir con la ley.
A reinstalar de inmediato a los 5 diputadas y diputados ilegalmente expulsados, y con fundamento en la Ley Reglamentaria del Congreso, sometan de nuevo a debate y autorización el proyecto de la planta desaladora.
No hay excusa que valga, cuando la Corte se ha pronunciado con claridad al respecto.
No hay excusa que valga cuando la sociedad a la que ustedes representan se los está demandando.
Cumplamos el compromiso asumido cuando protestamos el cargo que nos ha sido conferido: cumplir y hacer cumplir la Constitución federal, la del estado y las leyes que de ellas emanan.
Cumplámosle a la gente. A las y los cabeños.
No hay tiempo que perder.
Es ahora a nunca.
Muchas gracias”.