Cae número de denuncias por delito de robo en BCS: Procurador
La Paz.-El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de la Rosa Anaya, informó que durante las primeras dos semanas del mes de abril, el número de denuncias por delito de robo ante la institución, presentan índice a la baja, en relación al mes anterior.
En marzo en todo el Estado se registraron 574 denuncias, la mayoría de éstas en el municipio de Los Cabos con 240, seguida por La Paz con 217, el resto en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé.
En tanto que la primera quincena de abril, el número de denuncias es de 178, con el mismo comportamiento, se registran 78 en el sur de la entidad, 60 en la capital del Estado y la diferencia en los otros tres municipios.
Daniel de la Rosa, aseveró que el trabajo de coordinación entre las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno opera en todo la geografía estatal, desde la Mesa de Seguridad que preside el jefe del Ejecutivo, Carlos Mendoza Davis.
El Procurador reiteró que en Baja California Sur no se tolera la impunidad, se combate de manera frontal.
Así mismo, recordó las sanciones que el Código Penal estatal determina para delitos como apología de un delito o un vicio; artículo 176.-se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa hasta por 50 días, a quien públicamente, en forma directa o indirecta, incite a la comisión de un delito.
Para los supuestos de robo calificado, el artículo 228 dispone: se impondrá de cinco a 15 años de prisión y multa de hasta 600 días cuando se cometa en establecimiento comercial o de servicios, cuando esté abierto al público; cuando se cometa aprovechando las condiciones que se produzcan por catástrofe o desorden público o la consternación que una desgracia privada cause al ofendido o a su familia.
Para el delito de daños se impondrá prisión de dos a seis años y multa de hasta 100 días; al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena. Lo establece el artículo 252.
Finalmente citó la pena de seis años a 15 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 20 años, que se impondrá a quien perturbe la paz pública, mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad de las instituciones del Estado, o presionen a la autoridad para que tome una determinación, de acuerdo al artículo 381 Código Penal.