Recurrirá el Ayuntamiento de La Paz a la SCJN contra el gobierno estatal
La Paz, BCS.-El Ayuntamiento de La Paz advirtió que recurriría a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de gobierno del Estado, debido a que no se entregaron participaciones federales, que representan una bolsa del orden de los 50 millones de pesos.
En la sesión del Cabildo, el presidente municipal Rubén Muñoz Álvarez, expuso ante el pleno esta situación que tiene que ver con el Fondo General de Participaciones, que distribuye el gobierno federal a las entidades, y éstas a su vez destinan un porcentaje a los gobiernos municipales.
Sostuvo que de acuerdo a lo dicho por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado, Isidro Jordán Moyrón, esos recursos fueron destinados a la contingencia sanitaria, cuando se había acordado que se entregarían en obras de infraestructura y equipamiento público.
El tesorero municipal, Rafael González Villa, explicó que en este año, la participación a los Ayuntamientos sería del 25%, siendo Baja California Sur el único Estado del país con el porcentaje más alto en 2020, lo que vino a beneficiar a los cinco municipios.
Expuso que en el caso de La Paz, estos recursos se habían etiquetado para la pavimentación de una calle en Los Barriles, obras para el ecoparque en la planta de tratamiento de aguas residuales y equipamiento de Servicios Públicos municipales, acordándose con el gobierno estatal que los recursos se entregarían en obras.
Sin embargo, al cumplirse el primer semestre del año, se solicitaron dichos apoyos, pero el Secretario de Finanzas y Administración estatal, les dio a conocer que tales recursos habían sido destinados a la contingencia sanitaria por el Covid-19, sin habérseles enterado de ello.
Por tal motivo, se le hizo saber que había un convenio establecido, por lo que el funcionario estatal se comprometió a dar una respuesta dentro de 15 días para definir cómo destrabar esta situación.
Al respecto, Rubén Muñoz expresó que “esto va a generar una controversia constitucional que estamos obligados a presentar, pero para ello necesitamos informárselo al Cabildo; pero no tiene facultades el gobierno del Estado para pasar por encima de la ley sin la autorización expresa del Congreso y del beneficiario”. (Por: Arturo Nieves).