“La ley debe aplicarse a todos, sin distinción de colores ni fines políticos”: Rigoberto Mares

Mayo 12, 2025

La Paz, BCS.-El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, denunció una preocupante práctica de justicia selectiva y uso político de las instituciones, luego de que la Fiscalía Anticorrupción determinó no ejercer acción penal en el denominado “Caso Chayanne”, pese a las observaciones públicas sobre el manejo de recursos.
Rigoberto Mares Aguilar, presidente estatal del PAN, expresó que decisiones como ésta evidencian un trato desigual ante la ley, según convenga al poder político en turno.
“Lo que no se vale es que la ley se aplique con criterios políticos. Si hay elementos, que se proceda, pero que sea parejo. No se puede medir con una vara a unos y con otra a los demás”, señaló.
El caso en cuestión involucra un préstamo de 18.5 millones de pesos entregado por el gobierno del Estado al Ayuntamiento de La Paz para financiar un concierto en el Carnaval. A pesar de las dudas fundadas sobre la legalidad y el destino de esos recursos, la Fiscalía decidió no judicializar el expediente.
En contraste, se dictó sentencia contra la ex directora del Instituto de Vivienda (INVI), Rosalva Cuadras López, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado de una autoliquidación por 1.7 millones de pesos. Fue condenada a tres años de prisión, 10 años de inhabilitación y la devolución del monto.
“Mientras un caso con claros cuestionamientos fue cerrado sin consecuencias, otro con una diferencia de fondo administrativa fue llevado hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué el doble rasero?”, cuestionó Mares Aguilar.
Asimismo, recordó que permanecen sin sanción casos mucho más graves en montos y afectaciones, como el desfalco de 54 millones de pesos en el INVI durante la Administración actual y en el que el ex contador enfrenta un proceso penal, pero no la ex Directora, funcionaria cercana a Morena; las observaciones por más de tres mil 200 millones de pesos al gobierno del Estado; la compra irregular de instrumentos musicales en el Insude y la autorización de megaproyectos inmobiliarios bajo sospecha de corrupción.
“Parece que la justicia en Baja California Sur no es ciega, sino selectiva. Y eso erosiona la confianza ciudadana en las instituciones”, advirtió.
Por su parte, la diputada panista Guadalupe Saldaña Cisneros, expresó que la ley debe aplicarse a todos, pero siempre con apego al derecho y sin motivaciones partidistas.
“No quisiéramos creer que se trate de una venganza política. Si la autoridad tiene fundamentos, que se aplique la ley, pero sin revanchismo”, declaró.
Finalmente, el PAN exigió que la Fiscalía Anticorrupción actúe con imparcialidad, profesionalismo y respeto al Estado de derecho.
“Queremos justicia, pero justicia para todos, no solo para quienes conviene juzgar”.