Ampliará el Gobernador demanda de controversia ante la SCJN contra el Congreso de BCS

La Paz, BCS.-El gobernador, Carlos Mendoza Davis, anunció que ampliará la demanda de controversia constitucional, para que sea la máxima autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que valore y se pronuncie nuevamente sobre la legalidad de los hechos suscitados el pasado sábado en el seno del Congreso del Estado.
A través de un mensaje difundido por diversos medios de comunicación, apuntó que se tendrá que esperar a que se pronuncie de nuevo la autoridad judicial sobre su legal conformación, por lo que en tanto eso no suceda, de nueva cuenta me abstendrá de publicar en el Boletín Oficial decreto alguno que contenga resoluciones del Congreso.

Dejó en claro que las “minorías opositoras pretenden ser primero destituidas y después seguramente destruidas por una mayoría insensata e irracional que, por decir lo menos, atropella el Estado de Derecho y la legalidad en Baja California Sur, escudados en una falaz interpretación del principio de mayoría legislativa que, a su decir, les permite todo, incluso violar la ley”.
A continuación el mensaje íntegro del Ejecutivo estatal:

“Sudcalifornianas, sudcalifornianos.
Este es un mensaje importante para nuestra democracia, la legalidad y la prosperidad de nuestros hogares.
Lo sucedido en el Congreso del Estado el pasado sábado reviste una gravedad mayúscula.
Se trata de un acto que no solo viola la orden expresa de un Juez federal, sino que pasa por alto un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pretende invalidar el voto emitido por miles de sudcalifonianas y sudcalifornianos.
E igualmente grave, las minorías opositoras pretenden ser primero destituidas y después seguramente destruidas por una mayoría insensata e irracional que, por decir lo menos, atropella el Estado de Derecho y la legalidad en Baja California Sur, escudados en una falaz interpretación del principio de mayoría legislativa que, a su decir, les permite todo, incluso violar la ley.
Es un antecedente peligrosísimo para la democracia mexicana que de ninguna manera podemos permitir y de ninguna manera voy a convalidar.
Como es del dominio público, el pasado sábado, se resolvió un juicio político por parte de las y los diputados del partido Morena que derivó en la destitución de cinco y la amonestación de tres diputadas y diputados locales de diversas fuerzas políticas opositoras y minoritarias.
Y sucedió a pesar de existir una orden de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se reestablezca la conformación integral del Congreso conforme a lo determinado por los votos de todas y todos los ciudadanos en el proceso electoral celebrado en junio del 2018; es decir, con los 21 diputadas y diputados que fueron electos. Retrotraerse a la última sesión que presidió la diputada Daniela Rubio.
Lamentablemente lo instruido por la Corte no fue atendido por el Congreso y, por tanto, afecta de nulidad, por ilegales, los actos que ha realizado, desde entonces, y realiza hasta ahora, la mayoría artificial.
De inmediato hice un llamado enérgico y urgente para que impere el Estado de Derecho y se respeten las decisiones del Poder Judicial Federal como garante del equilibrio en las relaciones entre el Ejecutivo que represento y el legislativo en Baja California Sur.
El fallo fue claro: todos los actos posteriores a esa sesión son inválidos, por lo que en línea con lo determinado por la Suprema Corte, me abstuve de publicar acuerdos, leyes y decretos que fueron aprobados posteriormente a esa sesión.
Al no cumplirse con lo solicitado por el Poder Judicial Federal, la sesión del pasado 22 de agosto es también a todas luces ilegal y, por ende, inválida.
Dicha sesión se convocó bajo preceptos de la Ley Orgánica del Congreso, misma que no ha entrado en vigor porque fue expresamente suspendida por la Corte en la controversia constitucional que como titular del Ejecutivo interpuse.
Por si esto no fuera suficiente, el grupo de los ocho diputados que fueron ilegalmente sometidos a juicio político, goza de los beneficios de una suspensión concedida por la Juez Segundo de Distrito en Baja California Sur que expresamente concedió la suspensión a los demandantes e instruye al Congreso se abstenerse de dictar resolución definitiva dentro del juicio político referido.
La decisión de destituirlos y amonestarlos representa una flagrante violación a la Ley de Amparo. Más aún, materializa la comisión del delito de desacato por parte de los diputados y diputadas que votaron la resolución el pasado sábado. Es de nuestro conocimiento que la violación a la suspensión ha sido ya debidamente notificada y denunciada por parte de los agraviados a la Juez de Distrito que la emitió, quien en términos de ley habrá de pronunciarse en breve al respecto.
Por mi parte, tras un análisis exhaustivo de las implicaciones jurídicas que el hecho tendrá, no sólo para el Estado de Derecho y el funcionamiento del Congreso, sino para la vida de las y los sudcalifornianos, y dada la naturaleza grave de los actos y sus repercusiones jurídicas, anuncio que ampliaré la demanda de controversia constitucional, para que sea nuestra máxima autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que valore y se pronuncie nuevamente sobre la legalidad de los hechos suscitados.
Lamento que las señoras y señores diputados locales de Morena y el Partido del Trabajo desacaten determinaciones de la autoridad judicial. Con ello violentan flagrantemente el principio de división de Poderes que curiosamente, tanto reclaman se respete.
Pero lamento aún más que sean insensibles al momento de dolor, angustia e incertidumbre que padecemos todas las familias del Estado.
Lo que las y los sudcalifornianos nos demandan es anteponer las diferencias políticas a las necesidades de nuestra gente. Y tienen toda la razón.
Hoy deberíamos estar todas y todos unidos para resolver los problemas y no perdernos en la ambición y la politiquería.
Lo sucedido en el Congreso retrasará aún más acciones importantes para los ciudadanos, respuestas a sus problemas, entre otros, la construcción de la tan necesitada planta desaladora para suministrar agua potable al municipio de Los Cabos, proyecto en el que de manera activa, el gobierno que presido ha venido participando y en repetidas ocasiones he solicitado el Señor Presidente de la República, la más reciente de ellas, en su visita a Baja California Sur, precisamente al municipio de Los Cabos, el pasado 7 de agosto.
Me explico: para lograr la materialización de ese y otros proyectos, el Congreso debe autorizar al gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Los Cabos comprometan como garantía para su financiamiento sus participaciones de ley. Si posteriormente, como ya sucedió, la autoridad judicial determina que la integración del Congreso es ilegal al no participar las 21 diputadas y diputados electos por medio del voto ciudadano, dicha autorización y cualquier otra serán determinadas ilegales.
De no resolverse el problema, sucederá lo mismo con el proyecto similar que se está buscando para la ciudad de La Paz y, seguramente, con muchos más que pudieron haberse materializado si cada quien hiciera su trabajo y cumpliera a cabalidad con la ley.
Por eso, tendremos que esperar a que se pronuncie de nuevo la autoridad judicial sobre su legal conformación. En tanto eso no suceda, de nueva cuenta me abstendré de publicar en el Boletín Oficial decreto alguno que contenga resoluciones del Congreso.
Ciudadanas y ciudadanos, que no los confundan. La obligación que asumimos como servidores públicos resolver sus problemas. Lo es: pero también guardar, cumplir y hacer cumplir las leyes.
No se pueden resolver problemas violando la ley. No aquí. No conmigo como Gobernador.
Seguramente el Congreso aprobará en breve, con su integración espuria, el proyecto de la desaladora en Los Cabos con el que, quiero dejarlo absolutamente claro, no solamente tengo total coincidencia sino que he sido su principal promotor.
Su respaldo absoluto a ese proyecto también me lo manifestaron en su momento los 8 diputados y diputadas de partidos de oposición. Seguramente las y los diputados de Morena querrán hacerles creer que es el Ejecutivo quien se opone al mismo.
Pero mienten. Y saben que mienten.
Si el Congreso actuara dentro de un marco de legalidad y respetando el mandato ciudadano como lo ha ordenado el Poder Judicial, ese y otros proyectos de gran beneficio para Baja California Sur, debieran de haberse aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas representadas en el legislativo en lugar de generar divisiones como las que vivimos.
No tendría ningún sentido que, como Gobernador, se lo hubiera solicitado en repetidas ocasiones, públicamente al Señor Presidente si no creyera en él. Mi gobierno ha trabajado afanosamente desde que inició mi administración en el año 2015 para lograrlo, incluso poniendo a disposición el otorgar garantías con recursos estatales para lograr su materialización.
La Presidenta Municipal de Los Cabos sabe, porque personalmente lo hemos comentado, que gobierno estatal y municipal tenemos coincidencia y hemos trabajado juntos en el proyecto.
Sabe, porque se lo dije hace unos días, de mi preocupación por llegar a un momento como este en el que nos encontramos en el que por cerrazón de unos cuantos que desconocen su responsabilidad moral, política y social con quienes dicen representar, por alimentar sus aspiraciones políticas inmediatas, han tomado decisiones equivocadas, mezquinas, que habrán de afectar a miles de familias que hoy y desde hace años, nos demandan mitigar su sed.
Sabe ella, la Presidenta Municipal y ahora lo saben ustedes, que como gobernantes no podemos abonarle a la ilegalidad convalidando actos jurídicos viciados de origen.
Esto pudo haberse resuelto sin intervención de terceros, si hubiese existido acuerdo, consenso, respeto a la ley por parte del poder legislativo. Altura de miras por parte de las y los legisladores de la mayoría.
Una vez más, hago un llamado respetuoso a las señoras y señores diputados locales de Morena.
Reflexionemos.
Con la división que impera, quienes desafortunadamente pagan las consecuencias son los ciudadanos.
Yo juré cumplir y hacer cumplir la ley.
Eso hago hoy.
Juré también ver por los intereses de la gente antes que los de mi partido.
Eso hago.
A la gente le digo: seguiré trabajando con y para todos.
Primero está la atención de la pandemia, la salud de las familias, defender nuestros empleos.
También defender la democracia y a las y los sudcalifornianos.
Mi compromiso es con la democracia.
Seguiré trabajando siempre, siempre, siempre, en apego a la ley y en beneficio de Baja California Sur.
Muchas gracias”.