Admite SCJN ampliación de controversia del Poder Ejecutivo contra el Legislativo de BCS

Admite SCJN ampliación de controversia del Poder Ejecutivo contra el Legislativo de BCS

La Paz.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la ampliación de la demanda de controversia constitucional presentada por el gobierno de Baja California Sur en contra de la XV Legislatura local, en pleno agravamiento de la pandemia y en medio de un supuesto un pacto de unidad al interior del Congreso del Estado.

A través de su portal de internet, la SCJN da a conocer el resolutivo mediante el cual se admite la ampliación de la demanda “únicamente respecto del juicio político iniciado al Secretario, Subsecretario y Director de Política y Control Presupuestal, todos de la Secretaría de Finanzas y Administración de gobierno del Estado”.

Asimismo se precisa que se admitió la ampliación de la demanda, en cuanto a la sesión del Congreso del Estado del 29 de junio del 2020, en la que se aprobó la reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Se aclara que esta admisión se da, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que en su caso puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia.

También se aclara que se tiene como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado, por lo que deberá emplazarse a esa autoridad, a través de los dos titulares de la Oficialía Mayor y de las dos Mesas Directivas, para que presenten su contestación en un plazo de 30 días hábiles, a partir del siguiente día en que surta efecto la notificación respectiva.

Se establece que no se considera como terceros interesados, a ninguna de las dos personas que se ostentan como titulares de la Auditoría Superior del Estado.

De esta manera, mientras los dos grupos que se disputan el control del Poder Legislativo, se mantienen en una tregua luego de la intervención de la Secretaría de Gobernación, que abrió la posibilidad de que incluso hubiera acuerdos en torno a los juicios que ambas partes presentaron ante el máximo tribunal del país, el Ejecutivo estatal mantiene su postura de dar continuidad a los procedimientos. (Por: Arturo Nieves).