Se suman confrontaciones y no voluntad de encontrar soluciones al interior del Congreso de BCS

La Paz.-Continúa la colección de problemas en el Congreso del Estado, ya que por un lado se anuncia que este viernes 8 de mayo inicia el plazo para que ocho diputados presenten pruebas por la demanda de juicio político en su contra, y por el otro se pone en duda al promovente de tal procedimiento, al señalársele como extranjero.

Lejos de buscar acuerdos que permitan de una vez dirimir las diferencias que han puesto en entredicho la legalidad y veracidad del Poder Legislativo, los dos bandos en pugna siguen echándole leña al fuego, en esta confrontación de duplicidad de funciones, dimes y diretes, pugnas y divisiones, evidenciadas en redes sociales.

Este jueves 7 de mayo, a través de su cuenta de Facebook, el diputado Ramiro Ruíz Flores dio a conocer, en su calidad de integrante de la autonombrada Comisión Instructora, del proceso de juicio político en contra de los ocho diputados del bando contrario, que a partir de este viernes se inicia el período de 30 días para la presentación de pruebas de los acusados.

Para ello se grabó en video junto a una de las paredes del edificio legislativo, donde cuelga una tabla sujeta documentos, a lo que llama los “estrados”, en la que supuestamente se fijó el documento mediante el cual se da a conocer la disposición de iniciar la etapa de presentación de pruebas, que puede ser consultada tanto por los acusados como por la parte acusadora.

Y es este punto es donde surge una nueva polémica, ya que en redes sociales ha comenzado a circular un documento, presumiblemente presentado ante el Congreso del Estado el pasado 5 de mayo, donde se informa que la persona que solicitó el juicio político contra los ocho diputados, es ciudadano nicaragüense y además, integrante del grupo guerrillero Movimiento Sandinista de aquel país.

De acuerdo a un escrito presentado por quien dijo llamarse Miguel Antonio Murillo Núñez, quien se identificó con la CURP MUNM771221HBSRXG06, el acusador no tiene legitimación ni capacidad de ejercicio, para interponer demanda de juicio político en contra de cualquier servidor público, ya que no es ciudadano mexicano y ni sudcaliforniano.

Considera la importancia de que el Congreso del Estado acredite a observadores externos en el procedimiento de juicio político (en caso de que éste se realice), ya que la sola presunción de incapacidad de ejercicio de derecho del denunciante y la rapidez en el desahogo del juicio político, hacen dudar de que tanto la Comisión Instructora, como el Pleno, serán imparciales al momento de resolver al respecto.

Así las cosas en el Congreso del Estado, mientras la entidad se debate en una contingencia sanitaria por el Covid-19, donde como siempre, los que menos tienen han sido prácticamente abandonados por sus autoridades, incluidos los diputados locales, que poco o nada han hecho por sus representados. (Por: Arturo Nieves).