“Fuimos notificados el lunes”: Ramiro Ruíz; “ilegal juzgarnos dos veces”: Rigoberto Murillo
La Paz, BCS.-Mientras el diputado Ramiro Ruíz Flores asegura que apenas fueron notificados el lunes 24 de agosto a las 13:13 horas, sobre el amparo provisional otorgado a los ocho diputados de oposición; el diputado Rigoberto Murillo Aguilar expuso que independientemente de ello, el procedimiento surte efecto a partir de la firma del Juez, lo que ocurrió el 14 de agosto.
En entrevistas por separado para el programa radiofónico Panorama Informativo, ambos legisladores dijeron tener la razón y se acusaron de mentirosos, luego de escuchar el mensaje del gobernador, Carlos Mendoza Davis, quien advirtió que ampliará la demanda de controversia constitucional en este caso, además de llamar a terminar con la politiquería al interior del Poder Legislativo y calificar de espuria su integración actual.
De entrada, Ramiro Ruíz rechazó el calificativo de espurios y consideró que la intención del Ejecutivo es paralizar al Legislativo, con evidente interés político, y dio a entender que la implementación del juicio político y el rompimiento de las relaciones con el bloque opositor, luego de la reunión de “unidad” sostenida con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, se deben a que el Gobernador amplío la demanda de controversia constitucional.
En ese sentido, Rigoberto Murillo manifestó que de entrada, el funcionario de Gobernación sólo vino a pasearse a Baja California Sur “y qué bueno que se reconocen las bellezas de nuestro Estado”, agregó, pero expuso que Ricardo Peralta dejó plantado al grupo de los ocho, en una pretendida plática donde supuestamente expondrían sus puntos de vista, para limar asperezas con los morenistas.
“Nos quisieron poner un cuatro. Se reunió con ellos, pero a nosotros nos dejó plantados porque había ido a comer y no regresó”, expuso.
En tanto, Ramiro Ruíz aseguró que en lo personal, vía WhatsApp trató de alcanzar un acuerdo con el gobernador, Carlos Mendoza Davis, todavía el pasado 16 de agosto, pero que éste le contestó que los términos de este caso ya no pueden ser resueltos por ellos, sino que todo recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Expuso que en la famosa reunión con el representante de la Secretaría de Gobernación, el pasado 1 de julio, el grupo de los ocho se negó a firmar el acuerdo de unidad o pacto de civilidad, por indicaciones del representante del Ejecutivo estatal, el subsecretario general del gobierno estatal, Esteban Beltrán Cota.
En ese sentido, Rigoberto Murillo aseguró que si no firmaron el acuerdo de unidad, fue porque el Subsecretario de Gobernación les propuso que reconocieran que el Gobernador no quería depositar los recursos del Congreso del Estado en las cuentas que los morenistas habían abierto en otro banco, por lo que fue evidente que el funcionario federal no venía a resolver el conflicto.
Ramiro Ruíz cayó en algunas contradicciones, al asegurar que el Congreso del Estado no invitó al Subsecretario de Gobernación a La Paz, sin embargo el mismo funcionario federal dijo en entrevista del 30 de junio en las afueras del Congreso del Estado, que había sido invitado por quien entonces se asumía como presidenta de la Mesa Directiva, la petista y aliada de Morena, Mercedes Maciel Ortíz.
Aseguró que no conoce al ciudadano, José Alfredo Jiménez Campos, que fue quien interpuso el juicio político en contra de los ocho diputados, y que las pruebas que presentó incluyen videos, actas y hasta documentos expuestos en redes sociales, que desconoce cómo fueron obtenidos.
Insistió en que el proceso de destitución de los cinco diputados opositores, amonestar a otros tres, y tomar la protesta a los suplentes, se dio el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, y la notificación sobre el amparo provisional del Juzgado Segundo de Distrito les llegó el lunes 24, por lo que no puede calificarse como desacato “porque no tengo una bola de cristal para saber qué pasará el lunes o el martes”.
Por su parte, el diputado Rigoberto Murillo consideró que los diputados de Morena fingieron que no sabían de la suspensión provisional del Juez, pero que independientemente de que se haya recibido o no la notificación, jurídicamente una resolución de este tipo surte efecto desde el momento en que el Juez firma el acuerdo.
“Ramiro Ruíz miente otra vez y se miente a sí mismo, porque si la Juez le notificó ayer, como él dice, todo acto tiene que retrotraerse a como estaba, porque se está ordenando que no se tome ninguna resolución”, explicó el legislador del grupo de los ocho.
Otro argumento expuesto por Rigoberto Murillo, es que este es el segundo procedimiento de juicio político contra los ocho diputados de oposición, implementado casi de inmediato por los morenistas, luego de que el primero fue desechado por el Tribunal federal, el cual no debió proceder porque el artículo 23 de la Constitución General de la República establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Se mostró suspicaz respecto a la persona que presentó la denuncia en contra de ellos, porque no se explica cómo un ciudadano pudo tener acceso a tanta información del Congreso del Estado, incluyendo videos y actas, con los que ni los propios diputados cuentan.
También comentó que estos procedimientos que han aprobado los diputados morenistas, se basan en una Ley Orgánica inexistente, porque ante los resolutivos de la Suprema Corte, las decisiones que han asumido son inválidas en tanto no se resuelva la controversia constitucional del Ejecutivo, por lo que el Congreso del Estado se sigue rigiendo por la Ley Reglamentaria.
En términos generales, el diputado Rigoberto Murillo consideró que el grupo morenista debe revocar lo que aprobó el sábado y la toma de protesta de los suplentes el domingo, buscando establecer el diálogo, y los acuerdos con los ocho diputados opositores.
Mientras tanto, en rueda de prensa ofrecida este martes por la tarde, en la sala de comisiones “Armando Aguilar Paniagua” del Congreso del Estado, los ocho diputados opositores argumentaron que los cinco legisladores destituidos, siguen siendo los titulares del cargo, porque los protege la suspensión provisional de amparo, y que el bloque de los 13 está incurriendo en serias ilegalidades. (Por: Arturo Nieves).