Ha pagado 157 mdp en laudos y sentencias laborales de 2018 al 2024 el gobierno de BCS
Julio 29, 2025
La Paz, BCS.-De 2018 al 2024, el gobierno del Estado erogó alrededor de 157 millones de pesos para el pago de laudos, sentencias y resoluciones de Tribunales laborales y administrativos, así como indemnizaciones, a trabajadores de confianza, por lo cual legisladores proponen reformar la Ley Burocrática para terminar con esa práctica.
Y esto es solo lo que corresponde al gobierno estatal, ya que los Ayuntamientos y los Poderes Legislativo y Judicial no proporcionaron información al respecto, establece la iniciativa que presentaron en sesión ordinaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, de este martes 29 de julio, un grupo de legisladores locales, y a la cual dio lectura el diputado Venustiano Pérez Sánchez, iniciador de la propuesta.
“Sería muy importante que la Comisión a la que se turne la presente iniciativa, recabe dicha información de los Ayuntamientos y demás instituciones, para tener una radiografía real de ‘cuello de botella’ que tenemos en este aspecto en toda nuestra entidad federativa”, refiere el documento.
Se considera que es importante poner reglas desde la legislación laboral que atañe a los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y municipios, para evitar en lo posible estos gastos, que impactan en la operación de las instituciones, en los ciudadanos que demandan obras y servicios, pero también en los trabajadores de base y confianza, al mermarse las capacidades financieras de las instituciones públicas del Estado y municipios para otorgar estímulos a sus plantillas laborales.
La propuesta sostiene que tanto los servidores públicos de elección popular directa, no tendrán derecho a indemnización alguna, al igual que los miembros de las instituciones policiales del Estado y Ayuntamientos, Peritos, Agentes del Ministerio Público del Fuero Común y demás funcionarios públicos de carácter de Ministerio Público.
Así también, el personal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, cárceles y aquellos que presten sus servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios.
En los Poderes del Estado, Municipios y sus Organismos Descentralizados, Empresas de Participación, Sociedades y Asociaciones asimiladas, las personas titulares de las Secretarias, Subsecretarias, Oficialías Mayores, Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones, Contraloría General, Contraloría Municipal, Autoridades Investigadoras y Substanciadoras, Órganos de Control Interno, o los equivalentes de todos los anteriores, su nombramiento o designación siempre será temporal, por tiempo determinado, y nunca tendrán derecho a la estabilidad laboral, por lo que solo disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios a la seguridad social.
También se establece sanción a los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral.
De aprobarse la iniciativa, que ya se encuentra a revisión en la comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, se impondrá multa de 100 a 1000 UMA’s (Unidad de Medida y Actualización) vigente, y si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. (Por: Arturo Nieves).