Se pretende agregar el término “minería sustentable” en el POEL La Paz advierte Freciudav
Noviembre 15, 2026
La Paz, BCS.-El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), advirtió que en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), se pretende agregar el término de “minería sustentable”, la cual considera que no existe.
“Decir que hay minería ecológica” es como decir que hay “bombardeo humanitario”, expone el organismo no gubernamental en su cuenta de Facebook.
Por ese motivo, considera que se debe rechazar la propuesta de las autoridades “expertas” del municipio de La Paz, de darle un sentido sustentable a cierto tipo de minería e integrarlo al POEL.
El concepto de minería sustentable es promovido por el sector minero, que consiste en esfuerzos por reducir el impacto ambiental en las zonas donde operan, que van desde utilizar maquinaria y métodos que disminuyan la degradación innecesaria del suelo y áreas verdes, hasta la contaminación por desechos químicos.
También establece la responsabilidad y el compromiso de la industria minera de recuperar y formar entornos de ambiente seguros por cada parte de tierra trabajada
Por otra parte, la organización BCS contra la Corrupción, expuso públicamente que existen dudas sobre el seguimiento a las denuncias en contra de los posibles delitos ambientales en la Sierra de la Laguna, por parte de la Fiscalía General de la República.
Basa esto en que quienes presentaron las denuncias, exponen que la licenciada Guadalupe Caren Montiel, les negó el acceso a las carpetas de investigación, argumentando que carecen de personalidad jurídica y que únicamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puede intervenir como víctima.
Asimismo, se menciona que, mediante el oficio PFPA/1.3/12C.6/3182/2026, del 13 de noviembre de 2026, Profepa informó que, después de una búsqueda exhaustiva de sus archivos, físicos, electrónicos y sistemas institucionales, no localizó denuncias o querellas presentadas ante la FGR por los hechos consultados.
Califica de preocupante esta situación, ya que los ciudadanos que denunciaron los posibles delitos ambientales no podrían dar seguimiento a las carpetas, mientras que la autoridad reconocida como víctima tampoco estaría ejerciendo esos derechos. (Por: Arturo Nieves).



