Impugna CEDH la Ley Estatal por posibles barreras discriminatorias contra personas indígenas y afromexicanas
Enero 09, 2026
La Paz, BCS.-En un hecho sin precedentes, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur (CEDHBCS), encabezada por Charlene Ramos Hernández, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Acción de Inconstitucionalidad 124/2025, con el objetivo de eliminar disposiciones legales que podrían generar discriminación contra personas indígenas y afromexicanas en el acceso a cargos públicos.
La Suprema Corte admitió a trámite esta acción, confirmando que fue presentada correctamente, por una autoridad legitimada y dentro del plazo legal correspondiente.
Este recurso representa un hecho histórico: es la primera acción de inconstitucionalidad
promovida por la CEDH en más de 33 años de existencia y la única presentada por una autoridad estatal en la historia de Baja California Sur.
¿Qué se está impugnando?
La CEDH impugna porciones normativas de las fracciones I y II del artículo 99 de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado mediante Decreto 3162, de fecha 30 de octubre de 2025.
Dicha disposición establece que para ocupar la titularidad de la recién creada Dirección de Atención para Personas Indígenas y Afromexicanas se debe:
-Acreditar “modo honesto de vivir”, y
-Contar con un título profesional expedido por institución de educación superior con al menos cinco años de antigüedad.
La Comisión considera que estos requisitos vulneran principios constitucionales de igualdad y no discriminación, al habilitar discrecionalidad valorativa e imponer barreras desproporcionadas para que personas indígenas y afromexicanas accedan a un cargo público que fue creado precisamente para representar y atender a las necesidades de sus propias comunidades.
¿Qué sigue?
El expediente fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien elaborará el proyecto de resolución que será analizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo Tribunal del país determinará si los requisitos impugnados son constitucionales o si deben ser invalidados y expulsados del sistema normativo.
Posicionamiento de la CEDH
La presidenta de la CEDH, Charlene Ramos Hernández, señaló que esta acción garantiza la protección de los derechos humanos de grupos que históricamente han enfrentado desigualdad y exclusión.
Destacó que exigir un título profesional con cinco años de antigüedad resulta desproporcionado, especialmente cuando solo el 5% de la población indígena y afromexicana en Baja California Sur cuenta con licenciatura, de acuerdo con datos del INEGI, lo que en la práctica excluye a la gran mayoría de las personas a quienes esta política pública pretende beneficiar.
Añadió que no se trata del ejercicio directo de una profesión regulada, como ocurre con el cargo de Juez o Jueza del Poder Judicial, al cual razonablemente se le exige contar con título profesional, pero incluso sin imponer una antigüedad mayor a cinco años como en este caso.
Asimismo, subrayó que esta acción responde a la petición expresa de auxilio realizada por personas indígenas y afromexicanas que participaron en el proceso de consulta de esta ley, quienes manifestaron su desacuerdo con estos requisitos sin que su opinión fuera incorporada en la normativa finalmente aprobada por el Congreso del Estado.
Con esta acción, la CEDH reafirma que la inclusión no puede ser solo simbólica, sino que debe traducirse en normas que garanticen un acceso real y efectivo a los espacios de toma de decisiones para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Baja California Sur.
La Comisión continuará informando a la ciudadanía sobre los avances de este proceso constitucional de alto impacto para los derechos humanos en el Estado.